Deberes y retos del sistema judicial en la lucha contra la sustracción internacional de menores

24 jueces y operadores judiciales de 13 países iberoamericanos se reunieron en Cartagena de Indias para analizar los avances, desafíos, deberes y retos del sistema judicial en la lucha contra la sustracción internacional de menores.

La actividad -organizada por la COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos)- se desarrolló en el Centro de Formación de la Cooperación Española y llevó por nombre “Encuentro de puntos de contacto y enlaces de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y su restitución”.

Giovanni Hernández Espinal, sub-consultor jurídico del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia en República Dominicana, resaltó que este tipo de encuentros son una oportunidad para ponerles rostro a las autoridades y jueces enlaces, y así lograr una comunicación efectiva que permita mayor celeridad en la solución de casos.

Hernández recalcó la necesidad de que cada Estado cuente con un fondo monetario para responder a los casos y lograr el retorno de un menor cuando el padre o la madre no cuenten con el dinero para costear el viaje de regreso.

La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) es una estructura formada por autoridades centrales y por puntos de contacto procedentes de los Ministerios de Justicia, Fiscalías y Ministerios Públicos y Poderes Judiciales de países de Iberoamérica, así como por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Está considerada como una herramienta de cooperación en materia civil y penal, puesta a disposición de los operadores judiciales de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Esta actividad se inserta en el Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, que busca “consolidar los procesos democráticos y el Estado de derecho”, cuyo eje se centra en apoyar todas las iniciativas de reforma del sistema judicial que se encaminen al fortalecimiento del poder judicial y que faciliten el acceso de los ciudadanos a la misma en términos de igualdad.

FALTA DE COMUNICACIÓN

La magistrada de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Santander (Colombia), Mery Agón Amado, indicó que una de las fallas que hoy presentan los Estados tiene que ver con la ausencia de comunicación directa entre los jueces, aún a pesar de que cuentan con las nuevas tecnologías para hacerlo.

“Los procesos deberían ser más rápidos. La justicia te pide que en un plazo mínimo de 2 a 4 meses culmines el caso, pero tenemos algunos que demoran hasta 2 años en resolverse, lo que ocasiona que el niño o la niña se asienten en el lugar que no le corresponde”.

Este encuentro permitió intercambiar experiencias en la aplicación práctica de la normativa internacional y apoyarse a través de IberRed en la restitución rápida y segura de casos de sustracción internacional de menores, en aplicación de la Convención de La Haya de 1980, de la Convención Interamericana de 1989.