Expertos buscan aunar esfuerzos en la lucha contra el tráfico de bienes culturales y minería ilegal

Funcionarios de los Ministerios de Justicia de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, están reunidos en Cartagena (Colombia) para aunar esfuerzos en materia de prevención, investigación y sanción del tráfico ilegal de bienes culturales y de la minería ilegal, en actividad organizada por  la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y el Centro de Formación de la Cooperación Española.

Marisa Ramos, Coordinadora General de la COMJIB, ha señalado, que el objetivo de la actividad es iniciar el trabajo en el marco de los países que integran la COMJIB, de dos nuevas líneas de acción que son la lucha contra la minería ilegal y lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

“En el caso de minería enfatizamos más en el ámbito nacional y tiene que ver con todas las actividades de carácter minero ilegal no organizadas, que están en determinados países, y que están afectando a diferentes vertientes, con impactos medioambientales, económicos y sociales, porque en muchos casos hay un enorme uso de trabajo infantil y otros efectos como pueden ser la trata de personas. En el caso del tráfico de bienes culturales estamos fomentando fundamentalmente, la cooperación entre países y la coordinación entre instituciones también en ámbito transnacional”.

Los participantes intercambian experiencias para la generación de herramientas de prevención, análisis y fortalecimiento del marco normativo, dificultades advertidas con ocasión de la investigación o sanción de los delitos y mecanismos de coordinación y cooperación entre los Estados.

Esta actividad se desarrolla dentro del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE) de la AECID y se inserta en el Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, en la orientación “Consolidar los procesos democráticos y el Estado de derecho”, en la línea de trabajo “Trabajaremos por el Estado de derecho y la garantía de los derechos humanos”, que apunta al fortalecimiento de un poder judicial profesional e independiente.