Las nuevas tecnologías: el impacto de Internet y de las redes sociales en la actividad parlamentaria

Las nuevas tecnologías deben ser vistas como un instrumento que aporte al trabajo de la administración parlamentaria, como una herramienta que garantice el deber ser de la política, que no es otro que el servicio a los ciudadanos.

Así lo afirmó la secretaria tercera de la mesa del Congreso de diputados, Teresa Cunillera, durante el Seminario Administración Parlamentaria 4ta edición, que se realiza en el Centro de Formación de la Cooperación Española, con la asistencia de parlamentarios, diputados y senadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay, República Dominicana, Colombia y España.

Según Cunillera, es fundamental que se invierta en tecnología porque sólo así se logra el acercamiento parlamentario-ciudadano, “que es como debería ser, y no un parlamento separado de los ciudadanos”.

Cunillera insistió en la importancia del uso de Twitter y demás redes sociales como mecanismo para fomentar la participación ciudadana. “Las redes sociales inciden en la transparencia de los parlamentarios en la medida en que se emplea como herramienta de comunicación directa, pero debemos ser cuidadosos, puesto que muchas veces toca filtrar para identificar cuándo algunas personas sólo quieren causar caos o si realmente refleja el deseo de los ciudadanos”, enfatizó.

El Seminario Administración Parlamentaria 4ta edición es organizado por el Congreso de Diputados de España, con la colaboración de la Fundación Manuel Giménez Abad de las Cortes de Aragón, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Su principal finalidad es socializar sobre los diferentes modelos de administración parlamentaria, destacando los contrastes y las semejanzas en el funcionamiento de estos servicios en los sistemas iberoamericanos.

La actividad se enmarca en el Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, que se orienta a consolidar los procesos democráticos, apoyando el fortalecimiento de las funciones legislativas, representativas y de control de los Parlamentos, como garantía del Estado de derecho.