Tomando como antecedente el pasado proceso de paz que ocurrió entre 2003 y 2006, el autor desarrolla sus reflexiones sobre los cambios jurisdiccionales que conllevan los diferentes acuerdos que se toman entre los actores armados y el estado colombiano. Estas tensiones entre derechos en el proceso de Justicia y Paz ocupan el documento. Se parten de dos premisas: por un lado, el Proceso de Justicia y Paz tiene una naturaleza procesal penal, de manera que, en principio, obedece a la tradición jurídica penal colombiana de tendencia garantista; y en segundo lugar, un escenario de vulneraciones masivas de los Derechos Humanos, como el que ha enfrentado Colombia y del que se ocupa ese procedimiento especial, no puede asumirse en el escenario jurídico únicamente desde esa tendencia garantista, aunque sea la dominante en el país.